Entre 1945 y 1973 la economía mundial no registró un solo año de crecimiento inferior al 3% con una media situada en torno al 5% anual. Estas décadas fueron conocidas como "la era del pleno empleo", hubo equidad al duplicarse el poder adquisitivo, se construyeron los Estados del Bienestar, la inflación estaba controlada y, paradójicamente, el gasto público apenas llegaba al 20% del PIB. Sin embargo, desde 1980, con la implantación del "Consenso de Washington" tras una tergiversación política impecable por parte del conservadurismo anglosajón sobre la crisis coyuntural de los ´70, la economía mundial ha sufrido cinco recesiones (1979-1983, 1987-1989, 1992-1994, 1998, 2001-2002 y 2008-actualidad), en su mayoría con repercusiones globales, cayendo a alrededor del 3% la media de crecimiento mundial (y ello teniendo en cuenta el enorme crecimiento chino), ha aumentado sustancialmente el paro, a los Estados del Bienestar les cuesta cada vez más continuar sobreviviendo, la inflación -el gran caballo de batalla para cuyo control se justifican todas las reducciones de gasto público- crece a la misma velocidad, y un tercio de la población ha sufrido pérdida de poder adquisitivo mientras otro se ha estancado y el restante se ha enriquecido vía reducciones fiscales regresivas.
Este panorama y la crisis actual son el resultado final de la aplicación durante tres décadas del "modelo neoclásico" de crecimiento, un paradigma de acuerdo con el cual cualquier grado de inflación, por bajo que sea, es nocivo para el crecimiento y, por tanto, para el bienestar, pues supondría un aumento de los tipos de interés que mermaría la capacidad de ahorro de la economía y, por tanto, la inversión como variable fundamental. Esta visión de la inversión como variable fundamental no es monopolio del paradigma neoclásico, pero sí los instrumentos que plantea para ello. Para conseguir este objetivo de aumento constante del ahorro, y por tanto de la inversión, este modelo se establece cuatro líneas de actuación: presupuesto sin déficit (pues el pago del déficit y la deuda pública mermaría la generación deahorro), política de libre comercio (a efectos de abaratamiento de los precios y, por tanto, de generación de mayor capacidad de ahorro al disminuir los recursos a dedicar al consumo), flexibilidad de la fuerza laboral en lo posible desindicalizada (para reducir costes a las empresas de modo que éstas incrementen su capacidad de reinversión) y política monetaria estricta (con el objeto de evitar cualquier alza inflacionaria). Actualmente, ésta última la lleva a cabo el BCE, que con su actitud consonante con Alemania está recrudeciendo los efectos de la crisis; la segunda sólo la adoptamos para lo que conviene, pues mientras África se pudre en la inanición Europa y USA mantienen su proteccionismo agrario; finalmente, la segunda y la tercera son objetivos que plantean las dos nuevas medidas del gobierno: la constitucionalización del "objetivo 0" de déficit (ineficaz ante la existencia ya de otros instrumentos jurídicos que lo imponen y que quedan en papel mojado ante la fuerza de los hechos) y la suspensión del encadenamiento de contratos temporales como fraude de Ley.
En concreto, estas dos últimas propuestas, además de políticamente delirantes (la reforma constitucional es una pura cesión de soberanía tras la cumbre Francia-Alemania y la reforma de la contratación es un innecesario sacrificio de principios sociales), son económicamente lesivas:
- El equilibro presupuestario puro e inflexible, justificado por la teoría de que el pago del déficit reducirá el ahorro, supone tanto la renuncia a un instrumento de lucha contra los efectos sociales de las recesiones así como, en época de crecimiento, una renuncia a la realización de inversiones públicas en infraestructuras de transporte y similares, investigación y servicios de bienestar cuya vigencia y desarrollo son necesarios, justamente, para ese crecimiento tanto por el empleo directo de mano de obra, como por el aumento de la demanda, como por las externalidades positivas que generan.
Además, esta medida viene precedida por la reforma de la Ley General Presupuestaria referida a que el gasto público sólo podrá incrementarse proporcionalmente al crecimiento de la economía, lo cual sólo posee lógica desde la perspectiva de este modelo fallido. El premio nobel de economía W. VICKREY, en su obra “Quince Falacias Funestas del Fundamentalismo Financiero” (conocida por su acrónimo inglés FFFFF), sintetizaba el error de esta postura:
“FALACIA 1: Afirmar que los déficit constituyen un gasto perverso y desenfrenado que va en detrimento de las próximas generaciones, que heredarán una menor dotación de capital invertido. Esta falacia proviene de una falsa analogía con el endeudamiento de los individuos. La realidad actual es exactamente la contraria. Los déficit se suman al ingreso neto disponible de los individuos, en la medida en que los desembolsos del gobierno que constituyen ingresos para los receptores superan lo que se restó del ingreso disponible en impuestos, tasas y otras obligaciones. Cuando se gasta, este poder de compra adicional genera mercados para la producción privada e induce a que los productores inviertan en capacidad de planta adicional, la cual forma parte de la herencia real que se transmite al futuro.”
Ello no supone un alegato a favor del descuadre perpetuo y masivo de las cuentas públicas, pues el debate actual, instrumento como siempre, pretende establecer una falsa relación entre oposición a la reforma y alegato en favor de cualquier tipo de déficit: un déficit desorbitado, tal y como poseía España hace dos años es tan lesivo para la economía como reducir la capacidad anticíclica del Gobierno, pero adoptar estas medidas supone profundizar en las causas del colapso económico y condenar la economía a un letargo de bajo crecimiento (a salvo de que el poder político y el poder financiero diseñen legislativamente y de manera interesado alguna nueva burbuja cortoplacista).
- La reforma de la contratación es aún más lesiva si cabe. Incluso prescindiendo de consideración sociales, el trabajador no es un mero factor de producción más, pues integra una capacidad que no poseen el resto de los mismos: es quien, en términos generales, constituye la demanda de la economía, siendo ésta la que aumenta la demanda de trabajadores de las empresas al instigar a éstas a producir e incrementar su oferta. Es decir, en tanto la demanda de trabajadores es una demanda derivada de la demanda efectiva, es el incremento de ésta y no la mera “flexibilización” de las condiciones laborales la que incrementa el empleo. Cuando la regulación laboral está diseñada en unos términos que no supone un bloqueo a esa transición demanda efectiva – demanda de trabajo (lo que se demuestra en que los costes españoles son de los más bajos de la UE) generalizar aun más fórmulas contractuales precarias y de bajo salario reduce la demanda efectiva y, por tanto, la demanda de trabajadores. Se trata, por tanto, de una nueva ganancia de “competitividad pasiva”, es decir, de un instrumento para bajar los costes laborales sin modificar ni la calidad de los productos ni de los procesos productivos o distribución (“devaluación competitiva”), la cual, al generalizarse por el sistema, no mejora el funcionamiento de la economía en tanto da lugar, por el contrario, a dumping social y resta competitividad a medio y largo plazo: mientras que si una empresa tomada individualmente aumenta sus beneficios al reducir sus costes laborales unitarios y aumenta así su competitividad, si todas consiguen rebajar sus salarios y cotizaciones, mientras aumentan su margen de beneficios, la inevitable reducción de la demanda hará que, a largo plazo, vendan en su conjunto menos productos –frenando el crecimiento- o hayan de reducir el precio de éstos ante la menor demanda, volviendo a la situación de partida pero habiendo perdido por el camino bienestar y eficiencia. Como muestra de ello, los países con mano de obra barata acaban consolidando una estructura productiva con técnicas mucho menos eficiente (“paradoja Kaleckiana de los costes”).
Parte de las medidas del gobierno incluidas en la reforma laboral no se integrarían en este esquema, pues han mejorado la empleabilidad y dinamizado otros aspectos del mercado de trabajo, pero otras muchas tales medidas como ésta, la liberalización del despido…etc., son simplemente contraproducentes.
El colapso definitivo de este modelo, y de ahí la crisis, radica en el proceso de financiarización económica que obligatoriamente supone el papel que se lo otorga al sistema financiero en el nuevo modelo. La contradicción entre concebir el ahorro-inversión como variable fundamental y abogar por la contención salarial y la flexibilidad laboral como uno de los medios para ello reduce en realidad a la nada el ahorro de gran parte de la sociedad, que dedica su renta en declive a un consumo que ha de realizarse complementariamente vía endeudamiento, siendo los bancos los prestatarios de los recursos que, estando antes en la renta de los trabajadores, han pasado a la cuenta de beneficios de la empresa vía flexibilización laboral injustificada, justo lo que ha ocurrido en España, Estados Unidos, Irlanda, Islandia…etc. Por ello este modelo es tan apetecible para grandes empresarios y financieros, apoyados por políticos de la Derecha provenientes de entre sus filas. Desde mi punto de vista, el análisis de este modelo y de este conjunto de políticas deja claro que se trata, en realidad, de un marco definido desde instancias políticas, es decir, la realidad económica de los últimos años se definió en los distintos centros de decisión política anglosajones –tanto nacionales como internacionales- en lo que fueron los procesos de desregulación financiera y constitución de los estatutos de funcionamiento de las principales instituciones económicas, lo que deja al descubierto lo hipócrita de la tesis del “intervencionismo estatalista” cuando alguien argumenta contra ella.
Así, puesto que este modelo otorga la posibilidad al sistema financiero de tomar las riendas de la economía (mediante el mencionado papel de canalizador de los recursos con los que sufragar el consumo vía del endeudamiento), su papel en el mantenimiento de una economía real se ve exponencialmente incrementado. Sin embargo, en tanto el lado real de la economía ve con parte de su potencial cercenado ante la menor capacidad de demanda, las entidades financieras, siempre que los centros de decisión política diseñen un marco regulatorio proclive a ellas, se encuentran habilitados a marcar el camino de la economía real incentivando los sectores más rentables –para ellos- en el corto plazo con independencia de sus consecuencias en el largo (tales como la burbuja inmobiliaria o la de las empresas “punto.com”). Así, mientras la economía real crece a tasas más lentas y con mayor nivel de paro, las “transacciones” de títulos y acciones, entre los seis primeros países desarrollados suponían en 1980 el 10% del PIB de estos principales países, mientras que, en el 2003, las transacciones representaban más del 100% en Japón, del 300% en EEUU y Canadá, y del 500% en Alemania y Francia; los Préstamos bancarios internacionales netos, han pasado de 1,88 billones de dólares en 1986 (alrededor del 12,4% del PIB-mundo), a 11,08 billones en 2003 (30,3% del PIB mundial). Sin embargo, este proceso no tuvo efectos factibles en la economía real, pues la media de crecimiento 1980-2008 ha sido del 3,2% frente al 4,8% registrado entre 1950 y 1973, y si como se ha dicho un profundo incremento de las desigualdades que se retroalimenta según este esquema: en EEUU, el 1% de mayor riqueza de la población ha doblado el porcentaje de su renta, pasando de representar el 9% del total de la renta nacional en 1977 al 20% ahora (incluso, las rentas superiores -0,1% del 1%- han triplicado su renta, de modo que un grupo poblacional de alrededor de 150.000 personas gana más que 120 millones de trabajadores de EEUU).
Por tanto, en el modelo de crecimiento neoclásico se produce la inversión de los papeles en la economía: la idea del sistema financiero como canalización de recursos productivos a la economía real evoluciona a favor de una concepción, no explicada en los manuales al uso, en la que es la economía real es supeditada a la economía financiera, de modo que la primera sólo funciona mediante la generación progresiva de burbujas (punto.com, vivienda…etc.). Si a este panorama se le añaden una serie de prácticas financieras en la sombra, balances ocultos, problemas de asimetría, inversión contra los propios valores y adquisiciones de seguros contra su impago, o emolumentos desproporcionados orientados sólo a la consecución de beneficios a corto plazo, la carencia de nuevos recursos financieros y el encarecimiento de los mismos acabará por detonar la recesión.
Ni siquiera la obsesiva inflación, la variable que se supone que se incrementa en caso de adoptar cualquier política pública diferente a las propuestas por el modelo imposibilitando el crecimiento, ha sido sustancialmente diferente respecto de la etapa anterior: 3,9% entre 1950-1973 a 3,2% entre 1980-2007.
Ello nos lleva directamente a la crisis y, por tanto, de nuevo a las medidas del Gobierno. Entre el verano de 2008 y finales de ese mismo año pudimos presenciar una serie de acontecimientos impensables solo pocos meses atrás: los gobiernos occidentales intervenían directamente o de facto sus respectivos sistemas financieros, se producían nacionalizaciones bancarias e industriales de proporciones que aún hoy son difícilmente concebibles. Finalmente, una expansión fiscal coordinada internacionalmente de 5 billones de dólares consiguieron evitar, directamente, la destrucción de nuestra sociedad. Por aquel entonces nadie se cuestionaba la necesidad de reformar el sistema financiero y adoptar otro modelo de crecimiento (“refundar el capitalismo”, lo llegaron a llamar).
¿Cómo puede pasarse de un escenario como aquél al actual (en el que los gobiernos se ven obligados a constitucionalizar la reducción del déficit)? El esfuerzo que hubo de soportar el Estado en medio de la debacle fue tal que, a mediados de 2010, la mayoría de países poseía déficits de entre el 6 al 8% y, en concreto, España, EEUU e Inglaterra, superiores al 10% (gracias a su política fiscal regresiva y a su empleo masivo de baja calidad). Se paso entonces del riesgo de quiebra de los bancos, superada por el saneamiento público, a la posible quiebra de los Estados. Pero si el Estado capitaneaba este proceso de reorganización y saldó en términos generales los desequilibrios bancarios, ¿cómo puede verse ahora presionado por sus acreedores? Simplemente, porque la inversión de papeles sigue vigente. En EEUU, la tan prometida regulación financiera quedó en una limitada reforma de carácter parcial y que tocaba el núcleo del sistema sólo tangencialmente; en Europa directamente no se llegó a aprobar debido a los intereses del Budeskbank, el BCE y el Gobierno alemán, principal beneficiado de este modelo. En Derecho, es lógico que las instituciones financieras, que ahora vuelven a ser nuestros acreedores, exijan, en su posición como tales, que los diferentes préstamos que realizan mediante la compra de deuda pública sea estén dotados de garantías de pago, de ahí los recortes sociales. Sin embargo, tanto el hecho de que las instituciones financieras ostentaran tal poder (al ser titulares de tales cantidades recursos) como que ahora puedan aprovechar su renovada posición de acreedores para amenazar a los Estados son consecuencia de tres decisiones políticas determinadas: primero, la adoptar este modelo ineficaz e inestable; segundo, el haber acudido en masa al salvamento del sistema bancario; y tercero, la negativa a progresar hacía otro modelo no autodestructivo. Sólo los peligros de no adoptar la segunda la hicieron inevitable. Las otras obedecen a criterios interés político y económico.
Riesgo de impago de la banca privada (agrupada por nacionalidad) frente a riesgo de impago de los Estados soberanos
Sin embargo, si podía haberse hecho algo en contra de estos intereses y a favor de presionar para evitar seguir recurrentemente abogando por un modelo volatil y de bajo crecimiento que ha dejado sin futuro a casi una generación. A mediados de 2010, el Gobierno español fue presionado hasta el extremo para adoptar medidas de ajuste que, en teoría, iban a salvaguardar nuestra viabilidad. Vinieron el recorte del gasto y de prestaciones sociales, la reforma laboral, la reforma de las pensiones…etc. Siempre mostré mi total desacuerdo con quienes acudieron rápidamente a hacer torticeras analogías con la derecha después de todo el camino recorrido por este Gobierno, e incluso adopté la misma postura ante la huelga general del 29N. Intenté incidir siempre en lo que había sido la subida del poder adquisitivo de las pensiones tanto por decisión política como por la existencia de deflación durante varios meses, en los aspectos positivos de la reforma laboral, que los había, o en el efectivo envejecimiento de la sociedad española y nuestra jubilación a menor edad que otros países europeos. Crítico con aquello que me parecían malas iniciativas (nueva regulación del despido, mínimo incremento de la indemnización en los contratos temporales…etc.), intenté siempre mantenerme fiel al Presidente del Gobierno, cuya figura, en efecto, había sido determinante en mi aproximación a la socialdemocracia. Buena parte de los españoles habíamos cometido excesos y la opción de soportar años duros siempre se presentaba como mejor que la de caer en la quiebra financiera. Sin embargo, hago balance de estos tres años y medio y creo que el Gobierno no ha estado a la altura. No me refiero con ello ni a la cifra de paro ni a ninguna variable tangible directamente y por la que parte de la ciudadanía crítica ignorantemente a este Gobierno si tuviera en la mano salir o no de la crisis como quien cambia una bombilla fundida, voy más allá.
Las reformas tomadas a partir de mayo de 2010 fueron dolorosas para todos los socialistas y, desde luego, no menos para su Secretario General y Presidente del Gobierno. Una vez tomadas, se mostraron totalmente infructuosas sólo unos meses después de comenzar a aplicarse, provocando una nueva ralentización de la economía y, ante ello, nuevas exigencias de ajustes fiscales de las autoridades extranjeras que han sido aceptadas progresivamente para sufrimiento de muchos. Ese, e incluso antes, hubiera sido el momento de que España jugara su baza: nos encontramos inmersos en una crisis de deuda soberana a escala europea en la que lo que se juega es la propia supervivencia de la moneda única y el mercado común del que dependen todas las economías de la Eurozona. Si esta supervivencia dependía, una vez quebrados Grecia, Irlanda y Portugal, de la resistencia de la economía española; si los gigantes europeos no podían rescatar al Estado Español en caso de quiebra y sus economías se enfrentaran a una auténtica catástrofe, tal vez entonces el hermano mayor de los “PIGS”, como nos denominan peyorativamente, podría haber utilizado su posición de garante respecto de la viabilidad de la economía europea para condicionar sus ajustes internos si no a una reforma del sistema a escala europea, cuanto menos al establecimiento de unas nuevas reglas de juego tal y como habían sido proclamadas incluso por el Presidente Sarkozy al inicio de la crisis. Si todos los ojos estaban puestos en España, podría haberse exigido, como contrapartida, el avance, por ejemplo, en dotar de un nuevo papel de la política fiscal, en la existencia de bonos europeos, en la redefinición del mandato del BCE, en la regulación del mercado financiero para evitar ataques a la deuda soberana o apalancamientos excesivos, en la regulación de la “Tasa Tobin”…etc. Pero ello… hubiera exigido que el Presidente hubiera actuado como un verdadero estadista, y, con todo mi dolor, no lo ha hecho, no puede saber las razones, que las habrá (para perjuicio de los españoles). Admiro como convirtió a este país en un país de derechos y cómo, aun en medio del vendaval, sacó adelante leyes como la del aborto o la mayor convocatoria de becas de la democracia. Valoro su labor aguantando contra viento y marea, no sólo frente a los reveses y cambios de cara de la crisis, sino también el haberlo hecho frente a todo tipo de presiones, tanto externas (tanto de una derecha que no tiene otra patria que su ombligo como de una izquierda trasnochada que no sabe hacer otra cosa que cacarear la contraportada de El Capital en fiestas y saraos), como internas (como aquellos dirigentes regionales que han intentado tapar su fracaso con la cortina de la labor del Gobierno central). Pero hoy los españoles estamos viendo que nuestro sacrificio es puramente gratuito, que no conduce a nada, y que podría a ver sido distinto con mayor altura de miras.
No me siento decepcionado por las medidas tomadas, pues un único país no puede cambiar el sentido de la corriente ni tampoco nadar contra ella sin ayuda; ni siquiera me siento decepcionado incluso por la pérdida de las elecciones; me siento decepcionado porque estas medidas no hayan valido para nada en el sentido de que la Europa en la que vivimos seguirá tan secuestrada como antes dejando sin futuro cuanto menos a una generación y porque el potencial de la socialdemocracia, que posee los instrumentos para enfrentarse a los grandes problemas europeos (bajo crecimiento, desigualdad y paro), sin caer en tics estatistas de que se le acusa, se diluye en medio de la decepción. Qué bello y qué glorioso hubiera sido para el socialismo europeo que, justamente, el último gobierno socialdemócrata hubiera utilizado su especial posición en relación al futuro de la Unión Europea para comenzar a doblegar este estúpido modelo. Esa mayoría de ciudadanos europeos progresistas que no se involucran porque han perdido la fe en la socialdemocracia tradicional hubieran vuelto a encontrar un referente ideológico y, en última instancia, tal vez podría haberse frenado la destrucción del espíritu europeísta que encabeza el neoconservadurismo francés, alemán y británico y su desmedido afán por enfrentar a los pueblos de Europa entre sí. Algún día alguien escribirá, con razón, que el Gobierno español salvó el Euro... pero el problema no ni siquiera el coste al que lo hiciera... sino si ello habrá sido por unos pocos años.
Esta actitud frente a las potencias centrales, que muchos tildarían de "chantaje", nosotros de "justicia", hubiera exigido también una participación más activa de los Partidos Progresistas europeos, pero puede decirse exactamente lo mismo de ellos. También la hubiera exigido de los pequeños empresarios, que prefieren apoyarse en seguir apretando a los trabajadores sin darse cuenta de que son éstos quienes sustentan sus negocios frente a lo lesivo que supone para ellos la política de las grandes multinacionales y el poder financiero y político.
Siempre me ha causado aversión aquellos ciudadanos que proclaman arrogantemente el “si yo hubiera sido el Gobierno, hubiera hecho X”. Pero el sacrificio es tan enorme y tan lesivo, la desilusión tan grande, y nuestro futuro tan negro, que tal vez merece la pena alzar la voz. Muchos nos acercamos al Partido Socialista Obrero Español y a estas ideas de la mano de un jóven presidente que, en el momento cumbre del neoconservadurismo, abofeteaba en la cara a G. W. Bush retirando las tropas de aquel genocidio en que se convirtió Irak. Hoy, esa garra se ha perdido, y no había motivo para ello si se tiene en cuenta que son los bancos alemanos los que adquirieron casi un tercio de los activos tóxicos generados por los abusos de Wall Street. Hubo un tiempo en que la Europa de Köhl, Mitterrand y Delors, y un gobierno compuesto por verdaderos estadistas, consiguió que, en una sola década, este país se recuperara del atraso endémico que sufría tras doscientos años de desgobierno de curones, aristócratas, bajoburgueses y militaruchos. Hoy, la Europa de Merkel, Sarkozy y Cameron, y un gobierno que no ha jugado la baza que tenía España como ultimo garante del Euro, nos ha dejado sin buena parte del futuro.
Hoy, cinco bancos norteamericanos, en su mayoría dotados hace tres años de fondos públicos para evitar la hecatombe se permiten operar contra la deuda pública española exigiendo intereses que todos los analistas consideran desproporcionados, pues para ellos es preferible adquirir hoy sólo una pequeña parte de cada emisión a un alto interés (en vez de competir entre ellos adquiriendo una mayor cantidad aunque a menor precio obteniendo más beneficios) por la sencilla razón de que supone una inversión: llegará el momento en que los Estados estén tan endeudados que el pago de los intereses de la deuda imposibilitará seguir financiando el Estado del Bienestar y, entonces, los mismos poderes podrán ocupar su lugar en forma de aseguradoras privadas. Y mientras, nosotros, modificamos la mayor expresión de la política, la Constitución (como si fuera a valer de algo), enterrándonos más y más en un camino muerto, y encadenamos a más explotación a nuestros propios trabajadores a la vez que se nos humilla con cinismo al decirnos que tenemos que dar gracias a los especuladores, que nos encauzan por el buen rumbo tras haber sido “malos gestores” de nuestras cuentas. Y nadie hace nada de verdad.
Con la caída del Muro de Berlín y el auge del neoliberalismo algunos intelectuales pregonaron la llegada del "fin de las ideologías" y la victoria del capitalismo avanzado. Paradójicamente, va a ser la crisis de este último la que acabe arruinando cualquier otra ideología viendo como uno a uno cada gobierno se va plegando a unas exigencias que, como se puede apreciar, no conducen a nada.
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