La disyuntiva entre “flexibilidad laboral” y “seguridad en el empleo” tiene su raíz en los profundos cambios experimentados en la economía mundial (y sobre todo en las políticas económicas y del mercado de trabajo), experimentadas desde los años `80, dando lugar a lo que ha venido en llamarse “Mercados de Trabado en Transición”[1] (en adelante MMT), y que se refiere a las tensiones que sufre el mercado laboral desde la ruptura del “consenso keynesiano de posguerra” y su sustitución por el “consenso de Washington”, y que han situado al trabajador medio europeo en una situación de vulnerabilidad derivada del hecho de que las políticas de liberalización comercial y financiera, la privatización de empresas públicas, la eliminación o reducción de subsidios de carácter universalista, la disciplina fiscal, la política monetaria restrictiva y la reducción impositiva para la atracción de la inversión han dado lugar una serie de dinámicas que han configurado un se nuevo panorama laboral de mayor inseguridad y precarización que intenta ser enfrentado o bien mediante una mayor flexibilización de las relaciones laborales (a efectos de evitar la petrificación del mercado de trabajo y el aumento del paro y favorecer la adaptación de los mercados laborales a los rápidos cambios de la economía global) o bien mediante mayores dosis de seguridad (entendida como conjuntos de políticas orientadas netamente a salvaguardar el puesto de trabajo y a proteger al trabajador de los riesgos tradicionales asociados a la economía de mercado).
Por tanto, creemos que pada dar una respuesta a la pregunta han de analizarse estas presiones que ejerce la nueva economía globalizada sobre el mercado laboral europeo para delimitar los problemas sociales y económicos a que dar respuesta en un sentido u otro:
1. Aparición de paro masivo: desde el fin de la II Guerra Mundial hasta mediados de los años `70, las autoridades económicas y políticas de Europa y EEUU adoptaron un modelo de gestión económica prototípicamente keynesiano orientado al pleno empleo que dio lugar a lo que vino en llamarse “las tres décadas doradas” en virtud de su alto crecimiento econonómico (de una media de alrededor el 5% entre 1950 y 1975) y su reducidísimo desempleo (1,6% en Gran Bretaña, 3,6% en Alemania -y ello contabilizando el éxodo de varios millones de alemanes y europeos orientales a la RFA-, 1,2% en Francia, 1,5% en Japón o 4,5% en EEUU). Sin embargo, la desastrosa crisis de los años `70 basada en el fenómeno de la "estanflación" (estancamiento del crecimiento económico -con aumento del paro- conjugado con el ascenso exponencial de las tasas de inflación), derivada del shock petrolífero de 1973 y de las enormes deudas contraídas por EEUU para afrontar la Guerra de Vietnam habían generado un profundo descontento social ante la aparición, por primera vez desde los años `30, de paro masivo, unido, además, a la "crisis fiscal" que comenzaron a sufrir las estructuras estatales hasta entonces encargadas de la provisión del bienestar social, construidas sobre burocracias en algunos casos desmedidas, y al “envejecimiento” del modelo tradicional de producción fordista propio de la posguerra, poniendo en entredicho el la eficacia de este modelo de política económica y su sustitución por el Consenso de Washington y las políticas antes enumeradas de corte neoliberal.
La relevancia de este cambio de modelo en lo que a política laboral se refiere se centra, no ya en la política de reducción deliberada de los presupuestos sociales (lo que afectaría a la faceta “seguridad”), sino que, desde entonces, éste ha puesto todo su énfasis en el control y reducción de la inflación mediante una política fiscal austera y una política monetaria restrictiva, dejando que el resto de variables de la economía se ajustaran al nivel que les correspondiera en virtud de la consecución del objetivo de estabilidad de los precios (pues, en teoría, ello fomentaría el ahorro y la inversión, variable de crecimiento principal de este nuevo modelo). Así, desde principios de los `80, las economías avanzadas adolecen de una alta tasa de paro estructural o crónico como consecuencia de la obsesión antiinflacionista de las autoridades económicas[2], tal y como se puede apreciar en las gráficas siguientes (la línea roja refleja la Crisis del Petróleo de 1973, la línea azul la llegada al poder de M. Thatcher como inicio del cambio de paradigma y las bandas sombreadas las sucesivas recesiones) y como desarrollaré al final.
Así, al reducirse la cantidad de población empleada se produce, por una parte, una competencia mayor de los trabajadores por los puestos de trabajo existentes, lo que significa mayor precarización, salarios reducidos y menos derechos ante la rebaja de los estándares laborales de aquellos sectores desempleados, que aceptan estas condiciones laborales (ligado a un proceso de aumento de las desigualdades derivado de ello)[1] y obligan a los demás a aceptarlas (en el caso español el efecto no es tan pronunciado por la cobertura de los convenios colectivos, que estandarizan un nivel equitativo de regulación, si bien las negociaciones cada vez se ven más presionadas en ese sentido), y, por otra, una reducción de los recursos públicos (vía cotizaciones sociales y vía rentas del trabajo) que merman la capacidad de actuación del Estado del Bienestar, aumentando, además, la inseguridad del trabajador (efectos que se ven incrementados por la extensión de la economía sumergida de parte de esos grupos de trabajadores desfavorecidos. Es la paradoja de lo que Marx denominó como “ejército laboral de reserva”, la existencia de una clase de trabajadores aún más desfavorecida y cuya existencia obliga al resto de trabajadores a no luchar por condiciones laborales más dignificadas[2].
2. Cambios tecnológicos: la revolución de la información y el declive de los sectores manufactureros han afectado negativamente a los trabajadores poco cualificados, pues las TIC necesitan de un modelo de empresa de mayor valor añadido construido sobre trabajadores con una alta dotación de capital humano (lo que incidiría en la faceta seguridad derivada de la necesidad de una mayor educación) y de una organización dinámica y flexible (incidiendo, en este caso, en la faceta de flexibilidad).
3. Liberalización financiera y comercial: la progresiva liberalización del comercio e integración de las economías internacionales ha tenido como consecuencia que el conjunto formado por China, India, Rusia y Brasil constituya entre el 45% y el 50% de la oferta laboral mundial. Tomando diversos estudios[3], en 2006, el 8% de los trabajos perdidos en Europa se debieron a las deslocalizaciones (cifra que se ha disparado como consecuencia de la crisis económica), siendo lo más preocupante que las mismas no sólo afectaron a sectores de baja cualificación (51% de las mismas), sino en un alto grado también a sectores de cualificación media-alta, como banca y seguros (24,8%); Informática (7,7%); TV y telecomunicaciones (6,3%); servicios empresariales (Business services 2,4%). Así, unido ello a la libre circulación de capitales supone que el 20% de los puestos de trabajo europeos pudiera ser deslocalizado a día de hoy.
4. Envejecimiento e inmigración: según los principales informes de la OCDE la proporción media entre jubilados y las personas en edad laboral pasará de un 24% en 2004 a un 30% en 2015 y a casi un 50% en 2050. Como consecuencia, el aumento de la presión sobre los sistemas asistenciales y de pensiones necesita urgentemente de la llegada de nuevos inmigrantes que aumenten la tasa de actividad o de lo contrario, más allá de la quiebra de estos sistemas, Europa se encaminaría a la debacle económica, lo que, en sentido contrario, incide del modo expuesto en el punto 1º, de modo que se trata de un factor bidireccional.
Ante este contexto, consideramos que el planteamiento tradicional vinculado al concepto de seguridad como seguridad en torno a la estabilidad laboral y políticas de desempleo pasivas en el que el concepto de “flexibilidad” aparecía como contrapuesto en tanto que cualquier reforma flexibilizadora que alterara el régimen del trabajador asalariado implicaría una pérdida de seguridad se encuentra profundamente desfasado. Así, como señala el Libro Verde de la Comisión Europea de 1997 (y reeditado en 2006), “las nuevas tecnologías, la transformación rápida de los mercados y el crecimiento del sector terciario acentúan la necesidad de empresas y mano de obra potentes para afrontar la competencia en una economía mundial altamente competitiva, de modo que los empresarios necesitan más flexibilidad (en particular, una mayor polivalencia de las calificaciones entre sus trabajadores) y sistemas de trabajo más flexibles; por su parte, los trabajadores necesitan obtener una mayor seguridad en cuanto a su capacidad de inserción profesional como respecto a sus perspectivas de empleo”.
Por tanto, desde nuestra perspectiva, la disyuntiva Flexibilidad vs. Seguridad es falsa, siendo la política con mayor potencial de respuesta a los efectos de las dinámicas antes expuestas la denominada “flexiseguridad”, un concepto de política laboral nacido en el ámbito socialdemócrata escandinavo, principalmente, que propugna que ambos criterios puedan actúa complementaria y equilibradamente, y no de manera dialéctica, teniendo como resultado una mejora tanto del funcionamiento del mercado de trabajo como de la protección de los trabajadores, y que desde nuestro punto de vista parece estar avalada por los exitosos resultados obtenidos en los mercados laborales de países como Suecia, Holanda o, especialmente, Dinamarca. Como señala RODRÍGUEZ-PIÑERO[4], esta idea surge como respuesta progresista tanto a los excesos de una flexibilidad pura en respuesta a las nuevas dinámicas laborales como a los contrastes en la regulación del mercado de trabajo entre sectores fuertemente protegidos y otros de carácter desequilibradamente flexible y desregulado derivados de diversas reformas orientadas, justamente, a la consecución de una mayor flexibilidad con fuertes carencias en lo que a sensibilidad social se refiere (ver apartado sobre la dualidad del mercado de trabajo en la pregunta 1ª).
De este modo, la flexiseguridad propone corregir todos estos problemas desde un enfoque en el que no se revisa los objetivos ni los fundamentos de la flexibilidad, sino sus consecuencias sociales: “esta política acepta la flexibilidad, pero no de forma incondicionada, la hace acompañar de medidas compensatorias o reparadores y de elementos de seguridad y protección que permitan adaptar los instrumentos de bienestar para facilitar la adaptación a las empresas y la activación y reestructuración de los mercados de trabajo permitiendo transiciones no traumática mediante una protección social más flexible y más generosa y una política de empleo más activadora, reconocimiento como derecho y obligación de los desempleados encontrar nuevo empleo y adaptarse a las necesidades del mercado de trabajo. Así, se trata de facilitar la participación efectiva en un mercado de trabajo flexible e inclusivo a lo largo de la vida con empleos de calidad entremezclando y combinando elementos heterogéneos, fomentando las políticas activas en relación con las transiciones en el mercado de trabajo y prestaciones sociales moduladas y proactivas que pueden suponer mayores cargas sociales”[5]. Trasladando este nuevo concepto jurídico-económico desde un plano abstracto hasta el de su concreción en políticas laborales concretas, encontraríamos como manifestación del mismo[6]:
1. Contratos flexibles y seguros (flexibilidad externa), ya sea desde el punto de vista del empleador o desde el punto de vista del trabajador a través de la modernización del Derecho laboral, así como desarrollo de nuevas formas de organización del trabajo (flexibilidad interna o en el centro de trabajo –tiempo de trabajo, movilidad geográfica, movilidad funcional…-).
2. Reforzamiento de las políticas activas de empleo, como un modo de afrontar las rápidas fluctuaciones del mercado, las transiciones de un empleo a otro y los efectos del desempleo.
3. Reforzamiento de las políticas de formación a lo largo de toda la vida como un modo de asegurar la adaptabilidad y la empleabilidad de todos los trabajadores y para permitir a las empresas la obtención de altos niveles de productividad.
4. Reforzamiento de los sistemas de Seguridad Social, para asegurar niveles adecuados de protección social en el paso de un empleo a otro, pero también para hacer compatible la actividad laboral con las responsabilidades familiares.
El exponente paradigmático de adopción de este modelo sería el mercado laboral danés –y muy en su entorno, Suecia, Austria u Holanda- caracterizado, por el triángulo dorado de la flexiseguridad[1]: mercado de trabajo flexible, Estado de bienestar generoso y políticas activas de empleo de alta eficiencia. Así, los resultados económicos de estos modelos frente al contexto MTT son altamente satisfactorios, reforzando la tesis que aquí defendemos, tal y como reflejan las siguientes gráficas (elaboración propia):
Por tanto, se aprecia que el establecimiento de este modelo en el ámbito del Norte de Europa desde mediados de los `90 (cuando la crisis de los años 92-95 estuvo a punto de situar a la mayoría de estos Estados en posiciones parecidas a las que se encuentran hoy Irlanda o Portugal) ha dado lugar a una situación de alto crecimiento económico y paro reducido que, además, ha posibilitado la especialización de estos países en sectores de alto valor añadido y, finalmente, recogiendo los frutos de tal progreso económico, la existencia por parte del Estado de una considerable cantidad de recursos con los que mantener y seguir desarrollando Estados de Bienestar altamente avanzados y dinamizadores.
No obstante, ha de decirse también que existen fuertes dudas respecto de los efectos de su implantación en países como España, y ello por razones como el bajo capital humano de un sector importante de la masa laboral (formada bajo los cánones educativos del franquismo, lo que supone un gap inmenso respecto de la formación de los trabajadores de los países analizados, formados en los modelos educativos de mayor calidad en la actualidad) y por una cultura política muy proclive a demandar aún menos impuestos (y ello atendiendo a que España se sitúa en la zona media-baja de la presión fiscal a nivel europeo), necesarios para la financiación de este sistema. Como punto positivo podría apuntarse que la alta tasa de temporalidad española, en tanto que denota una enorme entrada y salida en el mercado laboral, podría adecuarse, y por ello reducirse paulatinamente, al modelo de “mantenimiento de la empleabilidad” propio de la flexiseguridad.
Para concluir, consideramos que para que una reforma radical y en profundidad del mercado de trabajo con el objetivo de instaurar la flexiseguridad haga que el potencial de ésta sea realmente efectivo y extrapolable a otros países, sería necesario reformar, a su vez, los cánones por los que se rige la política macroeconómica de la UE dirigida por el BCE. Esta política se basa en el modelo neoclásico de crecimiento o de “economía de oferta”, construido sobre la concepción de la inversión como variable principal del crecimiento, la cual sólo será incentivada si los tipos de interés (el precio de los créditos) son bajos, y debiendo para ello de mantenerse un nivel de precios estable (pues ante la existencia de inflación, los titulares de los ahorros -necesarios para la inversión- exigirán, justamente, tipos de interés más elevados), de modo que cualquier tipo de inflación, incluso aunque sea baja, en tanto encarece el crédito, es considerada perjudicial para el crecimiento. Así, el papel del BCE es fijar el precio del dinero en un nivel que mantenga baja la inflación, negando así cualquier viabilidad a las políticas públicas de aumento de la demanda, a las que se le presume ese riesgo inflacionista. Sin embargo, este modelo es erróneo y, en tanto limita la capacidad de consumo –al limitar el crédito-, provoca un aumento del desempleo (pues la demanda de trabajadores está determinada por la demande de bienes y servicios), limitándose entonces el potencial de la flexiseguridad a mejorar la empleabilidad y aumentar la velocidad de emparejamiento entre trabajadores y empleadores reduciendo las fricciones y asimetrías del mercado de trabajo, pero sin influir realmente en la generación de empleo, es decir, funcionando en un entorno de poco empleo y bajo crecimiento (como mostraron las gráficas expuestas en el primer punto de esta pregunta .
Por ello, consideramos que este sesgo restrictivo de la política basada en metas inflacionistas debe ser relevado por una nueva concepción de las políticas keynesianas orientadas al pleno empleo correctamente concebidas[1], pues un nivel de demanda (y por tanto un nivel más bajo de desempleo) no tiene porqué llevar a un aumento de la inflación que colapse el sistema[2]: puesto que un rápido crecimiento genera unos altos beneficios, ello alienta a los asalariados y los sindicatos a ser más reivindicatos, pero, sin embargo, el mismo crecimiento genera mejoras de la productividad que son suficientes para compensar la demanda de incrementos salariales, de modo que con los instrumentos de negociación colectiva adecuados no hay necesariamente una correlación entre altas tasas de inflación y de crecimiento[3]. En ese caso, la flexiseguridad operaría en condiciones de alta demanda de empleo, convirtiéndose en una fuerza impulsora de desarrollo impensable que ofrecería respuesta viable a los problemas que amenazan el bienestar económico y social. De lo contrario, todas las iniciativas que no cumplan las especiales condiciones de las que gozan los países nórdicos están condenadas bien a la decepción bien al fracaso, tal y como ocurrió con la Estrategia de Lisboa y presumiblemente con la Estrategia Europa 2020.
[1] Ver ALONSO en “Globalización y desigualdad: hacia un nuevo pacto keynesiano global” y ANISI en “La posibilidad actual de un nuevo pacto keynesiano”.
[2] Además, la media de inflación de los años 1953 a 1973 es de 3,9%, mientras que la de la etapa 1979-2008 es del 3,2%, de modo que ni acudiendo a este argumento siguen siendo justificables los discursos contrarios a una política macroeconómica más favorable a los trabajadores.
[3] Esta fue la idea que subyacía al “pacto keynesiano de posguerra”: los sindicatos se comprometían a no demandar subidas salariales por encima de la productividad para no incrementar la inflación, los empresarios a reinvertir los beneficios para generar mayor empleo, y el Estado a actuar de árbitro
[1] “El modelo danés de flexiseguridad: experiencias y lecciones” (P. MADSEN)
[1] Ver B. MILANOVIC en “La Era de las Desigualdades”.
[2] Puede decirse que éste es el factor que abre la puerta a los demás, pues es la manifestación primera del cambio de modelo económico, siendo el resto elementos derivados de este cambio de paradigma (y que conceptualmente debería complementarse con todo lo expuesto en la pregunta 3ª)
[3] Informe Welsum & Vckery o ERM ReporT
[4] “Flexiseguridad: un debate europeo en curso” (M. RODRÍGUEZ-PIÑERO)
[5] Idem
[6] Libro Verde “Modernizar el Derecho Laboral para afrontar los retos del S. XXI”
[1] Ver SCHMID en“Transitional labour markets and the European social model: towards a new employment compact”
[2] Ello tiene su fundamento en que una política orientada al pleno empleo utilizará unos instrumentos basados en el aumento del gasto público (inversión en infraestructuras, sistemas de bienestar…), el aumento del crédito circulante (para aumentar consumo e inversión, y viceversa), reducción del tipo de cambio para fomentar las exportaciones, salarios generosos para aumentar el consumo…etc.., lo que tendría como consecuencia un paro reducido pero una mayor inflación derivada de el nivel de alta actividad de la economía. Por tanto, una política orientada a la contención de los precios significará que un uso inverso de todos estos instrumentos, dando lugar por tanto a mayor desempleo.
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