A finales del mes pasado se celebró en Madrid una nueva concentración masiva "en defensa de la familia" por parte de los principales lobbies conservadores nacionales, los cuales se atribuyen a sí mismos la defensa de la familia como un patrimonio propio (como no podía ser de otra manera, los altos jerarcas de la Iglesia Española, las filiaciones católicas más integristas, los grupos anti-aborto y una enorme masa popular militante de las posiciones conservadoras del Partido Popular), si bien reduciendo el concepto de ésta de manera que quedan excluidas todas esas familias, basadas en el afecto y el amor, que esta sociedad ha ido dando lugar en su afán por sacudirse el polvo de la sotana y el cántico celestial y que quedan fuera del estrecho criterio que aplica la gerontocracia religiosa a uno de los pilares de su discurso.
Sin embargo, la patrimonialización de la familia por parte de la derecha no es mas que otra etiqueta de ese pretendido barniz humanitario con el que ésta pretende de vez en cuando cubrirse, como denuncian el conjunto de estudios existentes sobre la divergencia radical discurso-medidas que lleva a cabo la derecha -europea y española- respecto a la familia ante el error de la izquierda de no cuestionar abiertamente este pretendida identificación entre la defensa de la familia y las posturas conservadoras.
En primer lugar, el modelo demócrata cristiano imperante en las últimas décadas en Europa partía de una polarización de los roles familiares entre el hombre y la mujer: el trabajo del hombre (marido) era el elemento esencial del bienestar familiar, de modo que nos encontrábamos ante un mercado de trabajo muy masculinizado con poco desarrollo de formas de trabajo flexible que permitiese la integración laboral de las mujeres, pues el rol social de éstas (esposas) era, y por desgracia sigue siendo más allá de la voluntariedad, la responsabilidad del cuidado del resto de miembros de la familia, razón por la cual se considera innecesario el desarrollo de políticas activas en favor de la familia. Así, nos encontramos con que las familias, y sobre todo las mujeres, están sobrecargadas puesto que carecen de una infraestructura de apoyo que las ayude a compaginar el trabajo familiar con el profesional, coexistiendo ello con un mercado de trabajo altamente discriminatorio por la escasez de trabajo a tiempo parcial que permita la incorporación de la mujer. En consecuencia, la calidad de vida de la mujer era y es baja, retrasándose además su proceso de formación familiar y alcanzándose una baja tasa de fecundidad (como muestran los datos de Alemania, Bélgica, Holanda o Austria, donde este modelo de "familia tradicional" ha sido imperante).
Sin embargo, en el sur de Europa, la situación es aún más escandalosa gracias al daño que inflige a la herencia dictatorial conservadora en paises como España, Grecia y Portugal. La insensibilidad real de esta tradición hacía las familias, no así su discurso oficial, tiene graves consecuencias humanas, sociales y económicas (aunque haya quien, hoy en día, y participando en estas manifestaciones, las recuerde como una "época de enorme placidez"). En el "Libro Blanco de atención a las personas en Situación de Dependencia en España" (editado en 2004 por el Ministerio de Trabajo y Anuncios sociales, recién ocupado en ese momento por Jesús Caldera, como estudio previo a la redacción de la Ley de Dependencia), se señalaba que el 84% de los cuidadores de dependientes eran mujeres, principalmente madres, esposas o hermanas, y como consecuencias de ello, más de la mitad presentaban agotamiento o patologías asociadas, un tercio depresión y la casi totalidad la frustración de su ocio y tiempo libre y de sus perspectivas personales. Así, los paises influenciados por esta tradición tiene las tasas de fecundidad más bajas del mundo, y ello como consecuencia de las enormes dificultades que las jóvenes tienen para conseguir la autonomía que les permita formar una familia: el índice de empleo precario femenino se dispara, existe una enorme escasez de viviendas de alquiler y sociales, una gran dependencia de los jóvenes hacia sus padres y una carencia enorme de una red de escuelas de infancia y de servicios domiciliarios que permitan a las mujeres desarrollar en muchos casos su proyecto personal una vez finalizados sus estudios. Y es que incluso, esta situación supone un grave lastre económico (justo el argumento que se esgrime desde el neoliberalismo para frenar las actuaciones públicas tendentes a reducir tales injusticias): España se encuentra a 10 puntos del porcentaje de mujeres integradas en el mercado laboral frente al promedio europeo, y 24 respecto a Suecia (46,8%-56,1%-75,8%). En caso contrario, realizando un esfuerzo fiscal en servicios asistenciales al que se niega la derecha y que no se afronta con suficiente énfasis por la izquierda, España podría llegar a tener 3 millones de trabajadoras más, pagando impuestos y cotizaciones sociales que, además de enriquecer al país y mejorar su calidad de vida, incrementaría los fondos del Estado, permitiendo mejorar sustancialmente el Estado del bienestar español.
Pero siguiendo sobre el caso español, con los datos en la mano, esa carencia de escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas mayores y discapacidtadas, viviendas asistidas, centros de día y residencias entre otros servicios -tendencia que intenta ser revertida progresivamente desde 2004 pero que encuentra en la crisis una barrera casi infranqueable, aunque todos los presupuestos generales desde dicho año, incluyendo 2010, han aumentado la inversión en esta materia-, generaba que, en 2003, sólo un 8% de los niños españoles de 0 a 3 años asistían a escuelas públicas de infancia (en Francia o Bélgica se llegaba entonces al 23 % y 30%, y en países socialdemócratas como Suecia o Dinamarca, el 40% y el 44%), y es que, el bajo gasto social de aquellos años de retórica "pro-familia", tenían acceso a escuelas públicas de infancia previa a la escolarización sólo el 2,2% de niños menores de un año, el 9,2% entre 1 y 2 años y sólo un 20,7% de niños ente 2 y 3 años (cuando la normativa internacional establecía que, respectivamente, tales porcentajes debían alcanzar el 20, 50 y 80 por ciento). Igualmente, antes de la aprobación de la Ley de Dependencia (que sigue no obstante un tortuoso camino para su despliegue debido a las dificultades que para su financiación imponen diversas CCAA de carácter eminentemente conservador), sólo un 3% de la población mayor de 65 años recibía algun tipo de atención y con un promedio de unas 4 horas semanales. En frente, países de impronta progresista como Suecia, Dinamarca o Finlandia alcanzaban respectivamente el 30, 20 y 28 por ciento de sus dependientes, llegando a triplicar el número de horas de atención.
Sin embargo, el ejemplo más claro de la falsedad de la derecha en temas de familia se encuentra en las transferencia pro familiares: el gasto español por habitante era, en el año 2002, 104,9 upc (euro estandarizado por la capacidad adquisitiva del país específico) frente a los 518,2 upc de UE-15, pero es que, por si no fuera poco dedicar a la asistencia de la familia la quinta parte que la media européa, la tendencia a reducción del déficit social español respecto a la UE-15 iniciado desde principios de los ´80 y que sufrió su paralización en 1993, cuando la crisis de principios de los ´90 obligó a redirigir los recursos hacía las prestaciones por desempleo, muestra una decisión deliberada de aumentar las brechas sociales vía reducción de impuestos para las clases más opulentas, pues en 1993 este diferencial de gasto público en trasferencia a las familias era de 290,1 upc frente a las 413,3 en 2002: tras 9 años de crecimiento económico, el PP dedicaba a la ayuda a las familias la mitad que el último Gobierno de González una década antes. La explicación que dió entonces el gobiernos popular fue que el crecimiento económico hacía innecesario tal esfuerzo público, sin embargo, esa tesis se contradice con dos hechos: en primer lugar, estos años son los de la tasa de temporalidad juvenil record en la serie histórica (alrededor el 36% en 2003), lo que denota una mayor precariedad y, por tanto, una menor posibilidad de disposición de renta con la que acceder a estos servicios por la vía privada en tasas medias de edad; y dos, al tendencia contraria del resto de países de la UE-15, incluidos los que tuviesen en ese momento gobiernos conservadores, aún en el mismo contexto de crecimiento económico.
Ésta es la perspectiva de la derecha sobre la familia. Los números no son conservadores o progresistas, pero muestran los resultados de las políticas de unos y otros. Los aquí presentados están extraídos del Eurostat, del que no creo que nadie dude de su veracidad.
Sin embargo, existe otro polo ideológico, al que el "pensamiento único" le atribuye, paradójicamente (por usar un término suave), el desamparo de la familia y la destrucción de las raíces y los valores de la familia europea: la izquierda, y en concreto la izquierda socialdemócrata que es la que ha ostentado el gobierno en multitud de países europeos. Comprobemos la diferencia: la tradición socialdemócrata, especialmente en los paises nórdicos, se ha basado en la defensa y apoyo de la familia (ahora bien, sin utilizar un criterio discriminatorio, oscuro, regresivo y tradicionalista en su definición) basadas en el principio ético de igualdad de géneros que exigía una integración de la mujer al mercado de trabajo, una redefinción de sus responsabilidades y un cambio de valores de manera que se eliminara la discriminación cultural, social, económica y política de la mujer (lo cual en España, entre otros instrumentos, se ha implementado a través de la asignatura "Educación para la Ciudadanía", acusada por la derecha de tratase de un intento estatal de intervencionismo que homogeneizase las mentes de los escolares, lo cual, como tantas otras cosas, ha sido desmentido por los Tribunales -STS 28/01/09-).
En consecuencia, los pilares del modelo socialdemócrata de políticas para la familia propios de los países noreuropeos parten de la provisión de los servicios necesarios -los antes señalados- como un derecho de ciudadanía, que todos los ciudadanos tienen acceso a ellos modulándose su pago en función de su nivel de renta, de manera que se facilita el acceso de la mujer al mercado laboral desligándola de una estructura patriarcal propia del modelo tradicional de familia. Otro pilar es la propia regulación del mercado de trabajo, que facilita esa integración a través de ofertas de trabajo flexibles protegidas a fin de evitar la explotación del trabajador o trabajadora (pues la titularidad de estos derechos de ciudadanía no depende del sexo, lo que muestra el arraigo del principio de igualdad de sexos y la ausencia del modelo patriarcal). A la vez, el desarrollo de políticas pro-pleno empleo para aumentar las tasas de actividad de la población adulta explica que el porcentaje de la misma que trabaja en estos países sea la más alta de UE-15 (alrededor dl 80,6%, frente al 68,9% del promedio de la UE-15 y el 64,7% de España -datos de 2004). Todo este sistema se financia de manera pública mediante un sistema fiscal progresivo junto con el copago directo de los usuarios que cubre una parte proporcional y reducida en función de las necesidades específicas. Consecuentemente, la tasa de actividad femenina, es decir, el dato que muestra la emancipación de la mujer respecto del patriarcado tradicional y, consecuentemente, el dinamismo y la modernidad de la familia en un contexto progresista, es del 70,9% en estos países, los cuales, además, gozan de la tasa de fecundidad más alta de la UE-15.
Consecuentemente, estos países muestran un nivel de pobreza muy bajo entre los grupos más vulnerables, como puedan ser las madres solteras o las familias numerosas, lo que se explica también por el volumen y eficiencia del gasto social y el porcentaje de población que trabaja en los servicios del bienestar.
Estos países son el modelo de la izquierda democrática española, y hacía ese espíritu se encaminaron los pasos que se comenzaron a dar a partir de 2004. Por ello, no es de extrañar que los esfuerzos realizados en conciliación de la vida laboral y familiar, permisos de paternidad y maternidad, protección laboral del embarazo, aumento del número y cuantía de becas, educación en valores equitativos, lucha contra la violencia sobre la mujer, interrupción voluntaria del embarazo y, en síntesis, políticas de igualdad de sexos que destierren el patriarcado, tengan como consecuencia que el voto femenino sea, según el CIS, una cuantía superior al 10% más favorable al Partido Socialista que a la derecha conservadora, aún con el discurso y la parafernalía pro familia de ésta.
En síntesis: otro tópico destriudo por la realidad.
Pero siguiendo sobre el caso español, con los datos en la mano, esa carencia de escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas mayores y discapacidtadas, viviendas asistidas, centros de día y residencias entre otros servicios -tendencia que intenta ser revertida progresivamente desde 2004 pero que encuentra en la crisis una barrera casi infranqueable, aunque todos los presupuestos generales desde dicho año, incluyendo 2010, han aumentado la inversión en esta materia-, generaba que, en 2003, sólo un 8% de los niños españoles de 0 a 3 años asistían a escuelas públicas de infancia (en Francia o Bélgica se llegaba entonces al 23 % y 30%, y en países socialdemócratas como Suecia o Dinamarca, el 40% y el 44%), y es que, el bajo gasto social de aquellos años de retórica "pro-familia", tenían acceso a escuelas públicas de infancia previa a la escolarización sólo el 2,2% de niños menores de un año, el 9,2% entre 1 y 2 años y sólo un 20,7% de niños ente 2 y 3 años (cuando la normativa internacional establecía que, respectivamente, tales porcentajes debían alcanzar el 20, 50 y 80 por ciento). Igualmente, antes de la aprobación de la Ley de Dependencia (que sigue no obstante un tortuoso camino para su despliegue debido a las dificultades que para su financiación imponen diversas CCAA de carácter eminentemente conservador), sólo un 3% de la población mayor de 65 años recibía algun tipo de atención y con un promedio de unas 4 horas semanales. En frente, países de impronta progresista como Suecia, Dinamarca o Finlandia alcanzaban respectivamente el 30, 20 y 28 por ciento de sus dependientes, llegando a triplicar el número de horas de atención.
Sin embargo, el ejemplo más claro de la falsedad de la derecha en temas de familia se encuentra en las transferencia pro familiares: el gasto español por habitante era, en el año 2002, 104,9 upc (euro estandarizado por la capacidad adquisitiva del país específico) frente a los 518,2 upc de UE-15, pero es que, por si no fuera poco dedicar a la asistencia de la familia la quinta parte que la media européa, la tendencia a reducción del déficit social español respecto a la UE-15 iniciado desde principios de los ´80 y que sufrió su paralización en 1993, cuando la crisis de principios de los ´90 obligó a redirigir los recursos hacía las prestaciones por desempleo, muestra una decisión deliberada de aumentar las brechas sociales vía reducción de impuestos para las clases más opulentas, pues en 1993 este diferencial de gasto público en trasferencia a las familias era de 290,1 upc frente a las 413,3 en 2002: tras 9 años de crecimiento económico, el PP dedicaba a la ayuda a las familias la mitad que el último Gobierno de González una década antes. La explicación que dió entonces el gobiernos popular fue que el crecimiento económico hacía innecesario tal esfuerzo público, sin embargo, esa tesis se contradice con dos hechos: en primer lugar, estos años son los de la tasa de temporalidad juvenil record en la serie histórica (alrededor el 36% en 2003), lo que denota una mayor precariedad y, por tanto, una menor posibilidad de disposición de renta con la que acceder a estos servicios por la vía privada en tasas medias de edad; y dos, al tendencia contraria del resto de países de la UE-15, incluidos los que tuviesen en ese momento gobiernos conservadores, aún en el mismo contexto de crecimiento económico.
Ésta es la perspectiva de la derecha sobre la familia. Los números no son conservadores o progresistas, pero muestran los resultados de las políticas de unos y otros. Los aquí presentados están extraídos del Eurostat, del que no creo que nadie dude de su veracidad.
Sin embargo, existe otro polo ideológico, al que el "pensamiento único" le atribuye, paradójicamente (por usar un término suave), el desamparo de la familia y la destrucción de las raíces y los valores de la familia europea: la izquierda, y en concreto la izquierda socialdemócrata que es la que ha ostentado el gobierno en multitud de países europeos. Comprobemos la diferencia: la tradición socialdemócrata, especialmente en los paises nórdicos, se ha basado en la defensa y apoyo de la familia (ahora bien, sin utilizar un criterio discriminatorio, oscuro, regresivo y tradicionalista en su definición) basadas en el principio ético de igualdad de géneros que exigía una integración de la mujer al mercado de trabajo, una redefinción de sus responsabilidades y un cambio de valores de manera que se eliminara la discriminación cultural, social, económica y política de la mujer (lo cual en España, entre otros instrumentos, se ha implementado a través de la asignatura "Educación para la Ciudadanía", acusada por la derecha de tratase de un intento estatal de intervencionismo que homogeneizase las mentes de los escolares, lo cual, como tantas otras cosas, ha sido desmentido por los Tribunales -STS 28/01/09-).
En consecuencia, los pilares del modelo socialdemócrata de políticas para la familia propios de los países noreuropeos parten de la provisión de los servicios necesarios -los antes señalados- como un derecho de ciudadanía, que todos los ciudadanos tienen acceso a ellos modulándose su pago en función de su nivel de renta, de manera que se facilita el acceso de la mujer al mercado laboral desligándola de una estructura patriarcal propia del modelo tradicional de familia. Otro pilar es la propia regulación del mercado de trabajo, que facilita esa integración a través de ofertas de trabajo flexibles protegidas a fin de evitar la explotación del trabajador o trabajadora (pues la titularidad de estos derechos de ciudadanía no depende del sexo, lo que muestra el arraigo del principio de igualdad de sexos y la ausencia del modelo patriarcal). A la vez, el desarrollo de políticas pro-pleno empleo para aumentar las tasas de actividad de la población adulta explica que el porcentaje de la misma que trabaja en estos países sea la más alta de UE-15 (alrededor dl 80,6%, frente al 68,9% del promedio de la UE-15 y el 64,7% de España -datos de 2004). Todo este sistema se financia de manera pública mediante un sistema fiscal progresivo junto con el copago directo de los usuarios que cubre una parte proporcional y reducida en función de las necesidades específicas. Consecuentemente, la tasa de actividad femenina, es decir, el dato que muestra la emancipación de la mujer respecto del patriarcado tradicional y, consecuentemente, el dinamismo y la modernidad de la familia en un contexto progresista, es del 70,9% en estos países, los cuales, además, gozan de la tasa de fecundidad más alta de la UE-15.
Consecuentemente, estos países muestran un nivel de pobreza muy bajo entre los grupos más vulnerables, como puedan ser las madres solteras o las familias numerosas, lo que se explica también por el volumen y eficiencia del gasto social y el porcentaje de población que trabaja en los servicios del bienestar.
Estos países son el modelo de la izquierda democrática española, y hacía ese espíritu se encaminaron los pasos que se comenzaron a dar a partir de 2004. Por ello, no es de extrañar que los esfuerzos realizados en conciliación de la vida laboral y familiar, permisos de paternidad y maternidad, protección laboral del embarazo, aumento del número y cuantía de becas, educación en valores equitativos, lucha contra la violencia sobre la mujer, interrupción voluntaria del embarazo y, en síntesis, políticas de igualdad de sexos que destierren el patriarcado, tengan como consecuencia que el voto femenino sea, según el CIS, una cuantía superior al 10% más favorable al Partido Socialista que a la derecha conservadora, aún con el discurso y la parafernalía pro familia de ésta.
En síntesis: otro tópico destriudo por la realidad.
D. Benigno Blanco, actual Presidente del F.E.F. y Secretario de Estado durante los 8 años en que se duplicó del déficit social de atención a la familia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario