Tristemente, la dirección regional de la organización en la que milito ha establecido la regla de facto según la cual un cargo orgánico condenado en sede judicial no merece sanción, ni siquiera cuanto menos una suspensión temporal de cara a un futuro recurso judicial que eventualmente -esperemos- de lugar a una decisión opuesta a la recurrida, siempre y cuando, claro está, te encuentres entre los mismos allegados y favoritos de esa propia Dirección.
Por el contrario, si en un humilde blog planteas una crítica desde el compromiso, razonada y sin descalificaciones, a que una estrategia política que se presentó en sociedad con propuestas tales como mayores rebajas fiscales (en vez de denunciar como el resto de españoles pagan nuestras lagunas financieras generadas por las rebajas regresivas de impuestos -imposibilitando aún más el cumplimiento de nuestros programas-), que plantea el mantenimiento del núcleo de la gestión privada de la sanidad (en vez de un modelo que de una vez saque a la gente del hacinamiento en los pasillos de los hospitales) o un aumento de la financiación de la educación concertada (ante la subfinanciación de la educación pública) supone en realidad un comportamiento seguidista y claudicante ante la derecha que no puede tener otro efecto futuro que la pérdida de miles de votos, y que si ello lo aderezas con un modo de oposición basado en ausentarse de los actos del 11-M (para luego obligar a tus grupos municipales a apoyar los presupuestos del Partido Popular en una demostración de "responsabilidad de Estado") o trasladar la sede del Partido desde un barrio humilde al local mas fastuoso de la capital (irregularidades administrativas aparte) y que todo ello no puede llevar a otro camino que la catástrofe electoral, entonces, se te margina, se te difama y, finalmente, se te abre un expediente de expulsión.
Esta es la triste realidad.
La deriva política de esta dirección nos ha dejado sin discurso en temas capitales como educación y sanidad, ahora tampoco tampoco tenemos qué decir sobre corrupción en la autonomía con mayor número de casos relacionados con la trama Gürtel.
Trinidad Rollán y Tomas Gómez
Se habla habitualmente de la calidad humana de Trinidad Rollán, de su capacidad de gestión (ahora en entredicho) y de la “aberración jurídica” que supone el fallo del TSJ de Madrid. No voy a poner en duda las dos primeras afirmaciones en tanto no la conozco personalmente –salvo lo que ha quedado acreditado en cuanto a que, efectivamente, no se enriqueció ni un solo euro-. Ahora bien, lo que no pongo en duda tampoco es del daño que de cara a la ciudadanía ya está haciendo esta nuevo muestra de doble criterio, pues la gente de a pie tiene bastantes problemas como para dedicar su tiempo a dilucidar si el proceso lógico que supone un enjuiciamiento ha sido correctamente realizado, si las pruebas fueron correctamente apreciadas o no, o si ha habido motivaciones políticas de por medio. Lo que el electorado ve es que en la dirección regional de un partido que aspira a gobernar hay un integrante inhabilitado por prevaricación y que ello nos deslegitima –por muy diferentes que sean los casos- a la hora de pedir responsabilidades ante la corrupción del PP madrileño en este cortijo en el que han convertido una comunidad en la que el Partido Socialista, en su día, obtenía mayorías absolutas.
Lo demás, de nuevo, es doble criterio (muy contrario, por cierto, a los ideales socialistas). Y mientras, seguimos a años luz en las encuestas.
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