.: REFLEXIONES SOBRE EL MODELO SOCIAL EUROPEO

1. EL ACTUAL MODELO SOCIAL EUROPEO. TENSIONES ANTE LA CRISIS ECONÓMICA

Para nadie es desconocido hoy que el llamado Modelo Social Europeo (en adelante, MSE) se encuentra ante un contexto extremadamente complicado derivado principalmente del hecho de que el sistema que ha caracterizado tal modelo nació de los profundos consensos sociales de la posguerra continental desde hace largo tiempo en entredicho. De manera muy sintética, capital, trabajo y Estado, representados respectivamente por un empresariado acogido a las nuevas técnicas fordistas de producción en masa y altos salarios; por unos sindicatos poderosos, participantes de la gestión laboral; y unas instituciones públicas encargadas de velar por el funcionamiento del sistema y de manejar la demanda global mediante las nuevas políticas keynesianas orientadas al pleno empleo, concurrían en un objetivo común (por distintos intereses, claro está) de alcanzar un entorno de desarrollo y prosperidad. Paradójicamente, en contra de lo que había sido la ortodoxia política y económica hasta la Gran Depresión, a la II Guerra Mundial le siguieron las tres décadas de mayor crecimiento y desarrollo experimentadas por la civilización (las “décadas doradas del keynesianismo”). Sin embargo, a partir de mediados de los `70, este paradigma económico entró en una crisis severa ante el profundo estancamiento derivado de su incapacidad para adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos latentes, lo que, unido al descontento de amplias capas sociales ante los excesos de la burocratización y las altas tasas fiscales, generó un vuelco político de corte conservador a partir del inicio de los `80 –el “eje” Reagan-Thatcher - que en pocos años fue capaz de protagonizar una redefinición profunda y a gran escala del papel del Estado en la economía, de las políticas públicas y del sistema impositivo de mano de la privatización y liberalización comercial y de la eliminación del poder sindical.

Aunque este nuevo paradigma no ha cumplido en realidad las expectativas creadas (la tasa de crecimiento del PIB mundial entre 1951 y 1973 fue del 4,8%, mientras que desde 1980 hasta la actualidad, ha sido de un 3,2%, es decir, un 1,6% inferior), sí que ha demostrado una inimaginable capacidad de adaptación en virtud de que, a pesar que definitivamente a partir de 2008, la crisis financiera global haya mostrado que el conjunto de postulados sobre los que aquél se sustenta carecen de un fundamento estable a largo plazo, los grandes poderes económicos que gozan de la casi total responsabilidad en la debacle económica actual están imponiendo a los gobiernos democráticos recortes brutales en sus sistemas de bienestar a fin de seguir prestando los recursos necesarios para adquirir los montantes de deuda pública mediante los que aquéllos pretenden mantener la demanda de una economía en desintegración tras la quiebra del sistema financiero dirigidos por éstos últimos. Sin embargo, esta presión sobre el MSE no es nueva, sino que se trata de un recrudecimiento como consecuencia del entorno de crisis económica actual, pues los recortes sobre el mismo se inician a partir de aquellas década de cambio político y son continuados durante los años siguientes, tanto por gobiernos de conservadores (entre los que destacan las acciones de Kohl, Merkel, Sarkozy o Berlusconi) como de centro-izquierda vinculados al experimento fenecido de la “Tercera Vía” (Blair y Schröeder).

Dicho esto, para responder la cuestión sobre el sostenimiento del MSE se analiza los efectos de las políticas públicas de bienestar sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo, y, en segundo lugar, para a responder a las preguntas 2ª y 3ª, se expone un breve análisis de lo que, a mi juicio, es el modelo de Estado del Bienestar adecuado a las vicisitudes actuales de la globalización.

2. LA VIABILIDAD DEL MODELO SOCIAL EUROPEO. SUS SUPUESTOS EFECTOS ECONÓMICOS NEGATIVOS

Estado del Bienestar respecto del crecimiento económico, la competitividad y la pobreza

Lógicamente, desde la posición conservadora dominante, el Estado del Bienestar genera unos muy perniciosos efectos sobre el crecimiento económico derivados de que 1) su obsesión reglamentista y recaudadora dificulta e imposibilita la generación de nuevas iniciativas y procesos creativos que mantienen y permiten el desarrollo social, actuando como un pesado lastre inhibidor de la creación de nuevas ideas, proyectos y empresas (generando, correlativamente, como “sano movimiento defensivo”, un aumento de la economía sumergida), y porque 2) los impuestos necesarios para financiar las políticas públicas sociales distorsionan y disminuyen los incentivos para las inversiones de los actores privados que mueven la economía.

Sin embargo, los resultados históricos^{^[1]} no han conseguido confirmar las predicciones de los modelos de crecimiento ortodoxos. Al contrario, KORPI (1985), concluyó que, en la relación entre gastos en seguridad social y crecimiento del PIB en17 países de la OCDE entre 1950 y 1973, un aumento del nivel de transferencias socia les del 5% incrementa el nivel de crecimiento económico en el 0,9%. Igualmente, MC CALLUM y BLAIS (1987) analizaron 17 países de la OCDE en los mismos términos en el periodo entre 1960 y 1983, concluyendo que el nivel y la modificación de los gastos del gobierno, los gastos finales del consumo del gobierno o el total de impuestos no ejercen un impacto negativo sobre el crecimiento económico como el que se acusa desde los modelos neoclásicos (en el mismo sentido LANDAU, CASTLE y DOWRICK). Continuando, en 1994, MENDOZA, RAZIN y TESAR sometieron a examen el postulado liberal de que unas tasas elevadas marginales de los impuestos sobre la renta ralentizan el crecimiento económico en un estudio de 18 países de la OCDE entre 1966 y 1990, sin encontrar un refrendo al mismo.

Incluso, si calculamos la tasa media de crecimiento económico de, por ejemplo, Dinamarca-Suecia (referentes del modelo nórdico socialdemócrata), de Francia-Alemania (modelo centroeuropeo conservador) y de España-Grecia (modelo mediterráneo “subdesarrollado” –en términos de Estado del Bienestar-), durante el periodo 1994-2010 (desde la última recesión a la actualidad), encontramos que los resultados son, respectivamente, 2.2, 1.6 y 2,4, de modo que podemos concluir que los países con mayores Estados del Bienestar han crecido por encima de las potencias continentales y casi a la misma velocidad que los Estados sureuropeos, cuyo acelerado desarrollo, sin embargo, se ha sustentado sobre profundos desequilibrios tanto sociales como macroeconómicos, lo que supone una situación absolutamente opuesta a los países del norte de Europa, más estables y con economías especializadas en sectores competitivos.

Una vez demostrado que el Estado del Bienestar, cuando se construye sobre sólidas bases, no implica un menor crecimiento, en lo referido a la redistribución, los críticos del MSE llegan a la pretensión de intentar dar la vuelta a los fines económicos del Estado Social: no se trata ya sólo de alegar su supuesta ineficiencia y onerosidad, sino que se pretende razonar que el mismo petrifica e incluso agranda la desigualdad y la pobreza, pues : “hay que señalar que, desde un punto de vista económico, el efecto de las políticas de redistribución de la renta es muy perjudicial precisamente para los grupos sociales menos favorecidos” pues “las políticas de redistribución de la renta desincentivan gravemente la energía de los agentes productivos del país y por tanto empobrecen al conjunto del mismo y en especial a sus clases menos favorecidas”[2], pues “ existente en la nación mediante la puesta en práctica de leyes fiscales confiscatorias de la renta y el patrimonio para, de tal modo, llevar a cabo una política de «redistribución de la renta» que forzosamente ha de empobrecer a las masas, pues da lugar a una reducción general de los salarios reales, que es la consecuencia de la menor acumulación del capital disponible por trabajador que dichas leyes motivan”.[3]Sin embargo, la tesis es que la “redistribución” elimina los incentivos, adormece la creatividad y distorsiona la producción con resultado de aumento de la pobreza se resuelve falsa -lo que implica su invalidez teórica- al analizar los datos objetivos de reducción de la tasa de riesgo de pobreza antes y después de transferencias sociales (ejemplo de 2006) para la UE .

Refutado todo el análisis neoliberal, las causas de la esta divergencia entre la realidad y la teoría “oficial” se centran en dos aspectos: i) el diseño del sistema fiscal, de lo cual se puede decir que, en síntesis, si bien la presión impositiva es proporcional a la amplitud de los sistemas de bienestar, los países en que éstos se encuentran más desarrollados han estructurado aquél de modo en que las potenciales distorsiones de un mayor sector público son minimizadas ; y ii) el desarrollo de importantísimas externalidades económicas positivas provocadas por programas de bienestar como la sanidad o las pensiones.

El caso más claro sería el del sistema educativo, pues, a largo plazo, la inversión en educación y capital humano supone añadir competitividad a la economía en general, ámbito en el que destacan los estudios de AZARIADIS y DRAZEN, y HANSSON y HENREKSON, y, especialmente, los trabajos de EASTERLY y REBELO, que demostraron cómo el nivel de matriculación en la escuela primaria y secundaria en 1960 se relacionó positivamente con la tasa media de crecimiento del PIB per capita en 1970-1988 en EEUU. Hasta tal punto han sido contundentes estos estudios que, incluso, los modelos de crecimiento más radicalmente apegados al laissez-faire, como los de R. BARRO y X. SALA-I-MARTÍ[4], han llegado a aceptar el papel de la formación por la escuela pública en el crecimiento económico y con ello, y más importante, la incapacidad del mercado por sí solo para proveer de la misma y del añadido de eficiencia que ello genera.

Igualmente, las políticas del seguro social han tenido efectos positivos en los incentivos para que los trabajadores inviertan a largo plazo en la adquisición de cualificaciones, pues el montante de las prestaciones depende del salario percibido y el acceso al nivel de éste depende en gran medida del capital humano a aportar. Así, las transferencias intergeneracionales hacen que generaciones más antiguas, que han disfrutado de un menor nivel de vida, mantengan después de la jubilación un nivel de vida más elevado gracias a la Seguridad Social que, frente a la alternativa de las pensiones privadas, es capaz de mantener el poder adquisitivo de las mismas, ya que la capitalización individual se ve mermada por la inflación y las crisis económicas. En el mismo sentido, las transferencias a sectores empobrecidos permiten sostener el nivel de demanda de los mismos, aumentando el nivel de demanda general y facilitando su posible inserción social. Efectos muy similares pueden decirse respecto de los sistemas sanitarios.

Así, éstas políticas activas del Estado cubren las amplías lagunas en las que el mercado no actúa eficientemente (infraestructuras, bienes y servicios públicos, educación y formación, estabilización…etc.) generando una “competitividad dinámica”[5] es decir, basada en una mayor eficiencia y buenos resultados a largo plazo (tal y como ocurre en el ámbito de la empresa privada con las acciones de I+D+i, formación de la mano de obra, marketing…etc.), que otorga a la economía ventajas competitivas. Por el contrario, las propuestas neoliberales, aduciendo una supuesta deificación de la competitividad de tipo “dinámico”, claman por la toma de medidas que en realidad suponen una profundización en la competitividad “pasiva”, como ahora se verá en el apartado del empleo.

Estado del Bienestar y Empleo

De modo similar al estudio del empleo, el marco neoclásico o neoliberal presupone que los programas sociales y la legislación del mercado de trabajo tienen como consecuencia el aumento de los costes empresariales en la parte laboral, tan en lo que se refiere a los puramente monetarios (cotizaciones sociales, salarios, efectos extrasalariales cuantificables…etc.), como en los derivados de la rigideces internas que ésta fomentaría (obstáculos a la redefinición de puesto de trabajo, a la movilidad funcional y geográfica…etc), con resultado de una menor contratación y, por tanto, una mayor tasas de desempleo.

Sin embargo, las conclusiones de examinar de nuevo los datos estadísticos no corroboran la misma tesis. Si calculamos la tasa de paro media de los mismos pares de países antes mencionados como reflejo de los tres modelos europeos de Estado del Bienestar en el periodo 1990-2009 obtenernos un promedio de 6.35, 9.05 y 11.4. Por tanto, no se produce el efecto apuntado por los críticos del MSE. La causa de ello es que, en tanto el Estado ha adquirido en los países con generosos Estados del Bienestar un importante papel económico, se ha fomentado la especialización en sectores altamente competitivos y dinámicos, de modo que no es la regulación laboral el factor determinante, sino la estructura de la economía en sí misma.

Además, los críticos del MSE defienden sistemáticamente, como medida para crear empleo, que las cotizaciones sociales, puesto que éstas poseen la consideración de coste, se reduzcan de modo que se genere con ello un aumento de la competitividad. Sin embargo, se trataría de una ganancia de “competitividad pasiva”, es decir, de un instrumento para bajar los precios sin modificar ni la calidad de los productos ni de los procesos productivos o distribución (“devaluación competitiva”). Y es que esta política de competitividad basada en forzar los costes salariales a la baja, al generalizarse por el sistema, no mejora el funcionamiento de la economía, dando lugar a dumping social, de modo que la alternativa conservadora en realidad resta competitividad a la economía a medio y largo plazo[6].

Estado del Bienestar en España

A raíz de los devastadores efectos que ha provocado la crisis financiera internacional en España y de las drásticas medidas de recorte del gasto público impuestas al gobierno desde las instancias comunitarias por las cifras de déficit alcanzadas, se ha recrudecido el discurso que señala como causas de los problemas económicos del país (especialmente la respuesta del mercado laboral a los ciclos recesivos con masivos aumentos del paro) a la existencia en el país de un sector público desmesurado, propenso a la ineficiencia y la mala gestión, la corrupción que entorpece el funcionamiento de la economía y que se nutre de una fiscalidad elevada que obstaculiza la eficiencia económica en general. Por poner un ejemplo, ya en 1998 se publicó el artículo “Sobre la imposibilidad de mantener el estado del bienestar keynesiano”, un estudio econométrico de las variables de gasto público, beneficios de la inversión, necesidades sociales y evolución demográfica en cuyas conclusiones se establecía que la insostenibilidad del Estado Social.

Sin embargo, esta tesis tan de moda en la actualidad no resiste tampoco un contraste con los datos estadísticos, pues España registra lo que ha venido en llamarse un “Subdesarrollo Social”[7] (o “déficit social”) respecto de la UE-15, en relación a la cual ha alcanzado el 93% del promedio de la renta per cápita mientras sigue estancada en un 73% de la inversión pública en Estado del Bienestar, lo cual se aprecia perfectamente analizando más detalladamente el gasto en educación, sanidad, el número de funcionarios, la presión fiscal…etc., como clara de la opinión defendida por los grupos de presión más importantes[8].

De modo que, a mi juicio, la conclusión que ha de extraerse es que, con independencia de la coyuntura económica actual y las medidas de “ajuste” impuestas, España no se encuentra ante una situación de inviabilidad de su sector público o, como tanto se dice, de poseer un Estado del Bienestar desproporcionado, de modo que, de cara a su viabilidad y las soluciones pro-futuro, éstas no pueden pasar en adelgazar, aun más, su ya precario sistema del bienestar, sino por políticas como la expansión de la demanda, formación, energías verdes…etc.. En caso contrario, estaríamos ante la mencionada “competitividad pasiva” que tanto daño ha hecho a España desde la crisis de principios de los ´90 y, especialmente, en el periodo 1996 – 2004 por cuestiones políticas.

3. LA ADECUACIÓN DEL MSE A LA GLOBALIZACIÓN: EL ESTADO DINAMIZADOR

Aunque en el apartado anterior hemos visto como las prescripciones neoliberales sobre el Estado del Bienestar en el plano económico –tan dotadas de un halo de verdad consensuada- no se cumplen en la realidad, ello no quiere decir que, en la situación actual, el MSE no se enfrente, como se dijo, a un entorno económico y cultural especialmente adverso, es decir, lo que ha de hacerse es, partiendo de que la literatura dominante es contraria al mismo pero ésta no encuentra un verdadero refrendo empírico, buscar aquellas formas organizativas que permitan al MSE adecuarse a las circunstancias cambiantes del modelo actual antes de que éste pueda verse eventualmente sobrepasado, dotando a aquéllas de legitimidad cuando, en realidad, se caracterizan por su poco rigor, su mucha propaganda y su marcado carácter ideológico. Y es que no ha de olvidarse que “las características del desarrollo de la economía mundial permiten que las empresas multinacionales adquieran el poder de someter a los estados a los requerimientos de unos parámetros de orden económico concreto, para entrar en el juego de la competencia global. De la misma manera, la globalización ha introducido un nuevo poder fiscalizador de los estados, los mercados internacionales de capital, que reaccionan negativamente ante cualquier decisión política adversa. Esto redunda en una presión hacia abajo de los sistemas de protección y de gasto social, puesto que se prioriza la reducción de los déficits y la deuda y el descenso de los impuestos como objetivos prioritarios de las políticas del Estado”[9], lo que, junto con la velocidad de las tendencias globales de la transición a la economía del conocimiento, el envejecimiento europeo, el cambio climático y los cambios de valores europeos está generando el progresivo desarrollo de un sentimiento escéptico, cuando no pesimista, sobre las perspectivas de mantenimiento de los altos niveles de satisfacción individual y colectiva alcanzados en Europa desde el fin de la II Guerra Mundial.

Ante esta situación se han planteado nuevos paradigmas diversos hacia los que enfocar el MSE, tales como el “régimen postnacional schumpeteriano de workfare”, el “Estado de Mercado”, o el “Estado social inversor”[10]. No obstante, desde mi punto de vista, la forma de organización que, sobre la base de la filosofía del Estado del Bienestar, puede responder a las tensiones mencionadas, a los problemas financieros y presupuestarios del sistema y, a la vez, dar respuesta tanto a los riesgos tradicionales (sanidad, pensiones, desempleo y educación) como a los nuevos riesgos derivados de un entorno socio económico en constante cambio (multiplicación de las entradas y salidas del mercado de trabajo que sufren los jóvenes, obsolescencia de las capacidades, paro de largad duración envejecimiento de la población, incorporación de la mujer al mercado de trabajo…etc.), sería el denominado “Estado Dinamizador”[11], el cual, tomando como ejemplo las reformas implementadas en los Estados sociales nórdicos a partir de los ´90, y que los han llevado a convertirse, además de en los de mayor protección, en economías altamente competitivas, puede definirse como un nuevo tipo de Estado de bienestar, más dinámico en su funcionamiento interno, y externamente dinamizador de los agentes económicos y sociales, que de ciudadanos activos, donde la igualdad de oportunidades quede garantizada como único medio para el pleno ejercicio de la libertad individual”[12], de modo que:

“el Estado dinamizador podría caracterizarse por prevenir y anticiparse a los nuevos riesgos y demandas sociales (en lugar de limitarse a reaccionar cuando los riesgos de desempleo, enfermedad, vejez o invalidez ya se han materializado). Asimismo, el Estado dinamizador sería el catalizador del cambio económico y social, al basarse en la activación de los ciudadanos (en lugar de ceñirse a la indemnización y protección de sus rentas); apostaría por la inversión social en educación y la formación integral en todas las etapas de la vida, y sobre todo, movilizaría todos los grupos sociales inactivos para convertirlos en ciudadanos económica y socialmente activos (frente al Estado de bienestar tradicional que en este ámbito pasivo” [al responder únicamente mediante subsidios]

Partiendo de estas notas diferenciadoras, el ED plantea, en primer lugar, una nueva lógica de funcionamiento a través de dos transformaciones simultáneas[13]: i) un cambio en los medios y los procedimientos: se trata de un Estado internamente dinámico en su funcionamiento administrativo, y externamente dinamizador en su relación con el resto de agentes económicos y sociales; y ii) un cambio en los fines: el objetivo final es el de un Estado de ciudadanos dinámico (activos) en el que la igualdad de oportunidades quede garantizada como único medio para el pleno ejercicio de la libertad individual con la que cada ciudadano pueda desarrollarse según sus expectativas y creatividad. Consecuentemente, la lógica dinamizador impondría que la relación de la Administración ED con los ciudadanos se basara (o profundizara) en la transparencia informativa, la publicidad de datos y convocatorias públicas, la eliminación de duplicidades entre diferentes niveles de gobierno, la e-administración, el carnet electrónico…etc.

A ello se añade una nueva lógica de financiación que pretende solucionar la paradoja social, tan habitual en los países con Estados del Bienestar reducidos, de que al mismo tiempo que los ciudadanos demandan más y mejores servicios público aplauden las rebajas de impuestos y manifiestan su deseo de que el Estado no gaste más de lo que ingresa (la cual es frecuente en España y, más paradójicamente aún, especialmente relevante en situaciones de recesión como a actual). Para ello, y para mantener la sostenibilidad presupuestaria y las restricciones comunitarias, la opción de los partidarios del ED pasa por una dinámica basada en apostar primero por gastar en inversiones productivas (capital físico, humano y tecnológico mediante políticas de activación, inclusión y eficiencia) para poder multiplicar el crecimiento económicos y los ingresos adicionales necesarios antes de dedicarse a financiar nuevos programas sociales, de modo que el crecimiento de la inversión en esos nuevos programas contribuye al crecimiento del PIB, desarrollando un efecto retroalimentación y haciendo a la vez compatible el crecimiento y la expansión de la inversión social. Así, se alcanzarían crecimientos absolutos de éste manteniendo el tamaño relativo del Estado de Bienestar en relación al PIB[14]. Finalmente, de manera correlativa al desarrollo de este sistema, y con los mismos objetivos, deberían realizarse otras reformas estructurales que apuntalaran este programa y le dieran mayor potencia, tal y como, de nuevo, se realizó en los países nórdicos hace más de década y media, como son[15] el desarrollo de una flexibilidad gestionada y equilibrada que sólo se ve posibilitada por la seguridad de las personas, inversión a futuro (investigación, educación, formación continua, TIC´s, Biotecnología…etc.), prudencia y reestructuración fiscal, con la introducción de nuevas formas de tributación como los “impuestos para licenciados” (los estudiantes pagan sus matrículas universitarias tras licenciarse como añadido al impuesto a la renta –lo que ha aumentado el número de solicitudes de matriculación y, con ello, el capital intelectual disponible-), tarifas para enfrentar a los consumidores con los gastos reales de sus acciones (que en el caso del carbono no solo han reducido las emisiones sino que han fomentado el cambio tecnológico), sistemas de tributación financieros, modelos de negociación colectiva de estructura o bien centralizada o bien descentralizada pero sin modelos intermedios poco eficientes…etc.

Por tanto, en mi opinión, este proyecto posee unas bases verdaderamente sólidas para evitar que la inmensa y poderosa propaganda que tiene el objetivo explícito de hacer creer a la clase trabajadora que el sistema de bienestar construido con su esfuerzo es ineficaz e insostenible alcance sus metas gracias a que dispone de las ideas necesarias para desarrollar la adaptación del Estado del Bienestar a un mundo globalizado y en constante cambio, por lo que creo acertado el espíritu de la declaración de que:

“Abrimos un debate al que convocamos al resto de la sociedad, porque creemos que el Estado del bienestar no sólo está para socorrernos, sino que también puede y debe ser un Estado dinamizador de las personas en sus diferentes momentos vitales. Nuestras propuestas son un ejemplo de ese tipo de políticas que, como decía el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, “reducen costes, favorecen la identificación emocional del trabajador con su empresa y, sobre todo, producen riqueza material para todos y sociedades decentes”. Somos conscientes de que una transformación de tal magnitud precisa del concurso de la mayoría, y por ello invitamos a todos los progresistas a liderar estos primeros pasos de forma decidida”[16]

De esta manera, podrá seguir preservándose el hecho que “el Estado de bienestar, tal como lo conocemos, es uno de los grandes logros de la civilización europea, es una de las grandes contribuciones de Europa al mundo” [17] . Probablemente la mayor, pues el resto de ellas han nacido del seno de la sociedad basada en la igualdad de oportunidades a que éste ha dado lugar.

[1] Para esta primera pregunta ha sido enormemente importante el trabajo <<Consecuencias económicas del Estado del Bienestar>>, de I. MARES (todos los autores y estudios citados en este epígrafe pertenecen a reseñas recogidas en él).

[2] J.H. de SOTO, en <<Nuevos Estudios de Economía política>> (pag. 260)

[3] Idem. (pag. 195)

[4] En <<Economic Growth>> (de R. BARRO y X. SALA-I-MARTÍ)

[5] J. GONZÁLEZ CALVET, conferencia en los Primeros Debates Sindicales UGT (21 a 23 de septiembre de 1994).

[6] Los países con mano de obra barata acaban consolidando una estructura productiva con técnicas mucho menos eficientes, y es que esa es la consecuencia de la devaluación competitiva de los estándares de protección social para hacer a un país y a sus trabajadores más atractivos a sus inversores. Además, ello da lugar a la denominada “paradoja Kaleckiana de los Costes”, basada en que mientras que si cada empresa tomada individualmente aumenta sus beneficios al reducir sus costes laborales unitarios aumenta su competitividad, si todas consiguen rebajar sus salarios y cotizaciones, mientras aumentan su margen de beneficios, la inevitable reducción de la demanda hará que, a largo plazo, en su conjunto vendan menos productos –frenando el crecimiento- o hayan de reducir el precio –volviendo a la situación de partida- (O. LAVOIE, en <<La Economía Postkeynesiana>>).

[7] En el estudio de este campo son imprescindibles las aportaciones de Vicens Navarro (ex Catedrático de Economía Política y Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la U. Pompeu Fabra) y del grupo de investigadores a su dirección del Observatorio Social de España.

⁹Atendiendo a datos del Euroestat, por ejemplo: i) el gasto público general en España como %PIB (95-07) es del 39,98 frente al 47,6 UE-15; ii) la presión fiscal (00-09) es del 35,47% en España frente al 41,35% UE-15, iii) la inversión en protección social como %PIB (95-07) del 13,38 frente al 18,98; iv) en educación secundaria (99-04) del 1,8% frente al 2,35% UE-15; v) en sanidad (95-07) 5,35% frente a 6,2%; vi) % de funcionarios públicos respecto del total de activos (97-06) es del 15,6%, frente a los 16.1, 34.3, 29.9, 23.9 o 34,8 de Alemania, Dinmarca, Francia, Holanda o Suecia; vii) y en concreto como trabajadores de los servicios del bienestar (2007), del 10,5% frente al 15,2 UE-15 (y los 16,1 y 16,9 de Alemania y Francia).

^{^[9]} R. MISHRA en <<El Estado de bienestar en crisis>>

¹¹. Para una exposición de sus características, ver, BOB JESSOP (en «Post-fordism and the state»), PHILIP BOBBIT (<<The shield of Achilles>>) y A. GIDDENS (<<La tercera vía: La renovación de la socialdemocracia>>)